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Denuncian en la ONU que Jueces de la Corte IDH violentan pacto de San José

 

El Instituto Solidaridad y Derechos Humanos denunció en Nueva York que tres jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretenden violentar los principios y fundamentos de esa institución que es garante de la justicia interamericana.

 

A través del voto, basado en una ideología de género y violentando el Pacto de San José, en la próxima resolución del caso Costa Rica, jueces pretenden obligar a legalizar la Fecundación Invitro, a pesar de que el Congreso de ese país determinó por mayoría de votos no autorizar ese tipo de "técnicas de reproducción humana asistida" por considerar que se violenta el derecho a la vida desde su inicio en la concepción.

 

En ese sentido, Margaret MayMacaulay (Jamaica), Alberto Pérez Pérez (Uruguay) y el presidente, Diego García Sayán (Perú), tres de los seis jueces de la Corte IDH que resolverán este caso, pueden convertirse en el fiel de la balanza para preservar la imagen de la Corte IDH o enviar un mensaje de que en el seno de esta institución prevalece una justicia ideológica y políticamente comprometida.

 

 

 

 

 

 

En un documento suscrito por el Instituto Solidaridad y Derechos Humanos, que preside el abogado Reynaldo Bustamante, entregado en el marco de los trabajajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se señala que los referidos jueces miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho expresiones y emitido juicios que pone en entredicho su imparcialidad al analizar y resolver el caso de Costa Rica y la Reproducción Humana, ya que los tres se muestran contrarios a la defensa de la vida y contrarios a los principios rectores de la Corte y de los Tratados Internacionales que involucran a las naciones de la región, como lo es el propio Pacto de San José, que establece claramente que todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento en que es concebido.

 

Por su parte, Margaret Macaulay se muestra abiertamente a favor de la FIV y de restringir la protección de la vida del concebido.

 

Mientras, Alberto Pérez plantea, a través de su cuenta de facebook, expresa sus preferencias personales hacia grupos que militan por la despenalización del aborto en América Latina, como la Campaña Latinoamericana por el Derecho al Aborto.

En tanto, Diego García rechaza abiertamente el reconocimiento pleno del derecho a la vida del niño no nacido, en contradicción con la Convención Americana, que sí lo reconoce de manera explícita.

 

Si bien tales planteamientos no son una posición legal, ni por asomo, sí muestran los prejuicios personales que tienen esos jueces de la Corte IDH en cuanto al derecho a la vida del no nacido, señala el documento entregado este martes a la prensa mexicana.

 

La sola existencia de dicho prejuicio a favor de la legalización del aborto generan las interrogantes sobre su imparcialidad y buena fe al conocer del caso de la FIV.

La promoción de la legalización del aborto podría incluso constituir causal de recusación si se determinara que existe un conflicto de interés, como estipula el articulo 19(1) del Estatuto de la Corte IDH.

 

Así pues, con el caso de la FIV ante la Corte IDH está en juego la integridad de la Convención Americana de Derechos Humanos, como tratado protector de la vida del ser humano desde su concepción.

 

Hoy Costa Rica puede ser testigo de un alto total a la corrupción ideológica del Sistema Interamericano, defendiendo con firmeza su ley sobre la FIV.

Lo que la Corte IDH decida tendrá implicaciones sobre la integridad del Sistema Interamericano, sea para salvaguardarlo o para confirmar que hoy en día se encuentra ideologizado y políticamente comprometido, cita el texto.

 

Fuente: Siete24

 

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